La pregunta “cuánto cuesta acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad” parece sencilla, pero no tiene una cifra oficial única. El procedimiento requiere asistencia jurídica y representación procesal, y los honorarios privados dependen del despacho y de la complejidad del expediente.
En 2026, una referencia razonable para un procedimiento privado estándar es pensar en varios miles de euros. Las ofertas de mercado que hemos revisado se mueven habitualmente en una horquilla total aproximada de 2.500 a 5.500 € para muchos expedientes de persona física, aunque existen casos más sencillos por debajo y expedientes complejos que pueden superar claramente esa cantidad.
No existe un “precio oficial” de la Segunda Oportunidad. El coste suele concentrarse en abogado y procurador. Las personas físicas están exentas de tasas judiciales estatales, y si cumples los requisitos de asistencia jurídica gratuita, abogado y procurador pueden quedar cubiertos por el sistema público.
¿Quieres saber si tu situación puede encajar?
Contrasta requisitos, tipo de deuda y situación antes de avanzar.
¿Cuánto cuesta de verdad en 2026?
Si contratas profesionales de forma privada, el coste depende de cuántos acreedores existen, si hay vivienda, si eres autónomo, si existe deuda pública, si el concurso es sin masa, si se plantea un plan de pagos y si aparecen oposiciones o incidentes durante la tramitación.
Las referencias comerciales actuales consultadas muestran bastante dispersión. Algunos despachos publican precios totales alrededor de 3.000-5.000 €, otros sitúan los honorarios de abogado en 2.000-4.500 € y añaden procurador, y también existen ofertas más económicas para concursos sin masa muy sencillos.
Por eso en Libredeti preferimos utilizar una horquilla orientativa y no fingir que existe una tarifa nacional. Para muchos casos privados estándar, aproximadamente 2.500-5.500 € es una referencia útil para empezar a comparar. Un caso con vivienda, actividad empresarial, muchos acreedores o incidentes puede superar esa cifra.
No existe una tarifa oficial para el abogado
El Estatuto General de la Abogacía Española establece que los honorarios se fijan libremente entre el profesional y el cliente. Eso significa que dos despachos pueden cobrar cantidades muy diferentes por expedientes parecidos sin que exista una tarifa legal obligatoria.
La norma exige además informar al cliente sobre los honorarios y costes de la actuación, preferentemente mediante una hoja de encargo. La factura debe detallar los conceptos de honorarios y gastos.
Por eso la comparación correcta no consiste solo en preguntar “¿cuánto cuesta?”. Hay que preguntar también qué incluye exactamente ese precio.
Qué partidas pueden formar el coste total
Un presupuesto de Segunda Oportunidad puede incluir varias partidas:
- honorarios de abogado;
- honorarios de procurador;
- IVA cuando corresponda;
- coste de actuaciones adicionales no incluidas en el presupuesto base;
- administración concursal cuando proceda;
- periciales u otros profesionales en expedientes que realmente los necesiten;
- gastos documentales o registrales excepcionales vinculados al caso.
Desde la reforma concursal de 2022 la ruta actual de exoneración ya no gira alrededor del antiguo acuerdo extrajudicial de pagos como fase general obligatoria. Eso ha simplificado bastante la estructura de costes respecto de modelos anteriores.
Cuánto puede costar el abogado
El abogado suele ser la principal partida porque prepara la estrategia, revisa deudas y patrimonio, redacta la solicitud de concurso, coordina la documentación, interviene ante el juzgado y solicita la exoneración.
No existe una tarifa pública. Como referencia de mercado, en 2026 pueden encontrarse presupuestos de abogado desde aproximadamente 1.500-2.000 € en expedientes muy simples y cifras de 2.500-4.500 € o más en asuntos de complejidad media o alta.
Estas cantidades son orientativas, no un baremo oficial de Libredeti. Un despacho puede cobrar menos o bastante más dependiendo de la carga de trabajo, experiencia y alcance contratado.
Aquí es donde conviene hacer números.
Contrasta cuota, plazo y coste total con tu situación real.
Cuánto cuesta el procurador
La Ley Concursal establece que el concursado actúa representado por procurador y asistido de letrado. Por tanto, al revisar un presupuesto privado debes comprobar si la representación procesal está incluida.
En el mercado se ven con frecuencia importes de varios cientos de euros para procedimientos de persona física, pero la cantidad concreta depende del expediente y del régimen aplicable.
Algunos despachos ofrecen un precio cerrado que incorpora procurador; otros presentan solo los honorarios de abogado y lo facturan aparte. La diferencia puede hacer que dos anuncios que parecen similares no tengan el mismo coste final.
¿Los precios llevan IVA?
Cuando compares presupuestos, pregunta expresamente si la cifra anunciada incluye IVA. Una oferta de “2.500 €” puede significar 2.500 € finales o 2.500 € más impuestos, según cómo se haya presentado.
La hoja de encargo debería aclararlo. Si el despacho promete un precio cerrado, pide que figure por escrito el total y las partidas incluidas.
Tasas judiciales: para la persona física, 0 €
Las personas físicas están exentas de la tasa judicial estatal regulada por la Ley 10/2012. Además, la solicitud de concurso voluntario del deudor figura entre las exenciones objetivas de esa misma norma.
Por tanto, en un procedimiento de Segunda Oportunidad de una persona física no deberías sumar una “tasa judicial estatal” como si fuera una partida normal del presupuesto.
Ojo con artículos antiguos. En internet siguen circulando desgloses que incluyen tasas judiciales para personas físicas. Esa información puede estar desactualizada o mezclar procedimientos y sujetos diferentes.
Tu perfil cambia las opciones disponibles.
Revisa ingresos, deuda y situación antes de dar el siguiente paso.
¿Cuánto cuesta el administrador concursal?
No en todos los concursos de persona física se nombra administrador concursal. La respuesta depende de la vía y de la situación patrimonial.
Cuando sí existe administración concursal, la Ley Concursal reconoce su derecho a retribución con cargo a la masa y establece que la cuantía se determina conforme al arancel aplicable y por auto judicial.
Esto significa que no sería correcto inventar una cifra universal como “el administrador cuesta siempre 1.000 €”. El importe puede depender del tamaño del concurso, funciones realizadas, número de acreedores y otras variables.
Concurso sin masa: una diferencia importante
En un concurso sin masa, el nombramiento de administrador concursal no es automático. La Ley Concursal publica el concurso y permite que acreedores que representen al menos el 5 % del pasivo soliciten el nombramiento de un administrador para emitir un informe.
Si lo solicitan, el juez fija la retribución de ese informe y la ley establece que su pago corresponde al acreedor o acreedores que pidieron el nombramiento.
Por eso no debería añadirse por defecto al presupuesto de todo concurso sin masa una partida fija de administrador concursal como si fuera inevitable.
Cuando sí hay bienes que liquidar
Si existe patrimonio realizable y el procedimiento requiere administración concursal, la estructura económica puede ser más compleja.
La administración concursal desarrolla funciones de inventario, gestión y liquidación según el caso. Su retribución se determina judicialmente conforme al régimen legal y puede soportarse con cargo a la masa.
Un expediente con vivienda, vehículos de valor, activos empresariales o bienes que deben venderse puede ser notablemente más costoso y largo que un concurso sin masa.
¿Un plan de pagos encarece el procedimiento?
Puede hacerlo. La vía de exoneración con plan de pagos exige diseñar una propuesta viable, analizar ingresos y deudas no exonerables, estudiar bienes que se pretenden conservar y responder a posibles alegaciones.
Un despacho puede cobrar más por un plan de pagos que por un concurso sin masa sencillo porque la carga de análisis y seguimiento suele ser mayor.
No significa que exista un suplemento obligatorio fijado por ley; depende del encargo profesional.
Tener vivienda puede cambiar el presupuesto
Una vivienda obliga a analizar valor de mercado, hipoteca pendiente, cargas, cuota, posibilidad de conservación y consecuencias de cada vía concursal.
Ese trabajo adicional explica por qué muchos despachos distinguen entre “caso sin bienes” y “caso con vivienda”.
No debes elegir una estrategia únicamente porque sea más barata. Una decisión incorrecta sobre un inmueble puede tener consecuencias económicas muy superiores a la diferencia entre dos presupuestos de abogado.
Autónomos: por qué suele costar más
Un autónomo puede tener deuda personal y profesional mezclada: Seguridad Social, Hacienda, proveedores, préstamos, leasing, tarjetas, vehículos y activos afectos a la actividad.
Clasificar correctamente todos esos créditos y determinar el procedimiento aplicable puede requerir bastante más trabajo que un expediente de consumidor con tres préstamos personales.
Por eso los casos de autónomos suelen situarse en la zona media o alta de los presupuestos privados.
Deuda pública y coste del análisis
Hacienda y Seguridad Social tienen un tratamiento específico dentro de la exoneración. Si una parte importante de tu deuda es pública, el abogado debe calcular con precisión qué parte puede verse afectada y qué obligaciones continuarán.
Ese análisis no cambia porque debas 10.000 o 100.000 € en total. Lo importante es la naturaleza jurídica de los créditos.
Número de acreedores
Un expediente con tres acreedores normalmente requiere menos organización que otro con veinte bancos, fondos, financieras, administraciones y proveedores.
Hay que identificar cada deuda, comprobar titularidad, saldo, garantías y procedimientos abiertos. A mayor número de acreedores, mayor probabilidad de incidencias y de que el presupuesto sea más elevado.
¿Qué pasa si un acreedor se opone?
Una oposición o incidente puede generar trabajo adicional no previsto en un presupuesto básico. Algunos despachos incluyen determinadas incidencias; otros las facturan separadamente.
Pregunta expresamente qué sucede si un acreedor discute la buena fe, la clasificación de una deuda, el plan de pagos o la solicitud de exoneración.
Es uno de los puntos que más diferencia un “precio desde” de un presupuesto realmente cerrado.
Ejemplo 1: concurso sin masa sencillo
Imagina una persona asalariada con 28.000 € de deuda repartida entre cuatro préstamos y tarjetas, sin vivienda, sin vehículo de valor y sin deuda pública.
Si encaja realmente en un concurso sin masa y no aparecen incidencias, estamos ante uno de los perfiles más sencillos. En el mercado pueden encontrarse presupuestos privados en la parte baja de la horquilla.
Aun así, el precio debe incluir claramente abogado, procurador, IVA y la solicitud de exoneración. Una cifra llamativa puede dejar fuera alguna de esas partidas.
Ejemplo 2: vivienda y plan de pagos
Una persona debe 55.000 € además de su hipoteca y quiere conservar la vivienda. Tiene ingresos regulares y necesita estudiar una exoneración con plan de pagos.
El expediente requiere valorar el inmueble, cargas, hipoteca, capacidad de pago y tratamiento de cada deuda. Es razonable que el presupuesto sea superior al del concurso sin masa simple.
Si esta vía no encaja, hay otras posibilidades.
Revisa alternativas según tu deuda, patrimonio y capacidad de pago.
Ejemplo 3: autónomo con Hacienda y acreedores
Un autónomo con proveedores, préstamos, tarjetas, AEAT, Seguridad Social y varios procedimientos de reclamación tiene un expediente claramente más complejo.
Además del concurso, puede ser necesario revisar procedimientos previos, actividad empresarial y deuda pública. Estos casos pueden superar las horquillas estándar.
Tabla orientativa de costes
| Concepto | Referencia orientativa | Observación |
|---|---|---|
| Abogado | ≈ 1.500–4.500 €+ | Libre pacto; depende de complejidad y alcance |
| Procurador | Varios cientos de euros | Comprobar si está incluido |
| Tasa judicial estatal persona física | 0 € | Personas físicas exentas |
| Administrador concursal | Variable | No se nombra en todos los expedientes |
| Total privado frecuente | ≈ 2.500–5.500 € | Referencia de mercado, no tarifa oficial |
| Caso complejo | Puede superar 5.500–6.000 € | Vivienda, autónomo, muchos acreedores, incidencias |
¿Se puede acoger uno gratis?
Sí puede existir una vía sin honorarios privados si se reconoce el derecho a asistencia jurídica gratuita.
La Ley 1/1996 incluye entre sus prestaciones la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador cuando su intervención es legalmente preceptiva. El concurso exige precisamente abogado y procurador.
El reconocimiento depende de los requisitos económicos, patrimoniales y familiares establecidos en la ley. No basta con estar endeudado.
Cómo solicitar asistencia jurídica gratuita
La solicitud se tramita a través del Colegio de la Abogacía correspondiente o de los canales establecidos por cada comunidad autónoma.
Normalmente tendrás que acreditar identidad, ingresos, composición familiar, patrimonio y documentación del procedimiento.
Si te reconocen el derecho, puedes evitar la principal parte del coste privado. Consulta nuestra guía específica sobre cómo acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad gratis.
Justicia gratuita no significa que absolutamente todo sea cero
La asistencia jurídica gratuita cubre prestaciones concretas establecidas por la ley, como abogado y procurador cuando son preceptivos, tasas y determinados gastos procesales.
No es prudente afirmar que cualquier coste imaginable de cualquier expediente quedará automáticamente cubierto. Si existe una actuación extraordinaria o un profesional ajeno a las prestaciones reconocidas, habrá que analizarlo específicamente.
¿Puedo pagar a plazos a un despacho?
Muchos despachos ofrecen fraccionamiento porque sus clientes precisamente atraviesan una situación de insolvencia.
Un pago mensual puede hacer más asumible el servicio, pero no debes comparar solo la cuota. Pregunta cuál es el precio total, cuántas mensualidades se pagan y si existen suplementos posteriores.
Por ejemplo, 150 € al mes puede parecer barato, pero si dura 30 meses son 4.500 €. La mensualidad no sustituye al presupuesto global.
¿Es mejor un precio cerrado?
Puede facilitar la comparación si define claramente el alcance. Un precio cerrado debería explicar si incluye:
- estudio de viabilidad;
- preparación y presentación del concurso;
- procurador;
- IVA;
- solicitud de exoneración;
- plan de pagos si fuera necesario;
- incidencias u oposiciones;
- recursos;
- seguimiento hasta resolución.
Si una de estas partidas queda fuera, debe decirse antes de contratar.
Cuidado con los precios “desde”
“Desde 99 €/mes” o “desde 1.000 €” pueden ser mensajes comerciales legítimos, pero dicen poco sobre el total final si no explican duración y servicios incluidos.
Pregunta siempre por un ejemplo completo aplicado a tu caso. No firmes una cuota recurrente sin saber cuándo termina.
¿El precio depende de cuánto debo?
No necesariamente de forma proporcional. Un expediente de 100.000 € con pocos acreedores y sin bienes puede ser jurídicamente más sencillo que uno de 35.000 € con vivienda, Hacienda, autónomo y varias ejecuciones.
El volumen de deuda puede influir, pero la complejidad suele depender mucho más de la naturaleza de los créditos, patrimonio y conflictos.
¿Un matrimonio paga el doble?
No existe una regla de “dos personas = doble precio”. Puede haber concursos conjuntos o coordinados en determinados supuestos y el trabajo puede ser diferente de dos expedientes completamente independientes.
El despacho debe estudiar titularidad de las deudas, régimen económico matrimonial y patrimonio común antes de presupuestar.
Cómo comparar dos presupuestos
Imagina un despacho A que cobra 2.400 € más IVA y no incluye procurador ni incidencias, y un despacho B que cobra 3.400 € todo incluido hasta la solicitud de exoneración.
El primer anuncio parece más barato, pero puede acabar costando más. La comparación debe hacerse sobre el mismo alcance.
Pide siempre un documento escrito con todos los conceptos.
No te quedes con una sola vía.
Compara alternativas antes de asumir nuevas condiciones o costes.
10 preguntas antes de contratar
- ¿Cuál es el precio total estimado?
- ¿Incluye IVA?
- ¿Incluye procurador?
- ¿Incluye la solicitud de exoneración?
- ¿Incluye un plan de pagos si fuera necesario?
- ¿Qué ocurre si un acreedor se opone?
- ¿Se cobran aparte los recursos?
- ¿Hay cuota mensual y durante cuánto tiempo?
- ¿Qué ocurre si el procedimiento termina antes de lo previsto?
- ¿Quién será el abogado responsable del expediente?
¿Compensa elegir el despacho más barato?
No necesariamente. Un expediente de Segunda Oportunidad afecta a patrimonio, vivienda, deuda pública y derechos frente a acreedores. El precio importa, pero también la experiencia concursal y la claridad del encargo.
Tampoco debe asumirse que un precio alto garantiza mejor resultado. La mejor comparación combina experiencia, transparencia, estrategia y coste.
¿Tiene sentido pagar varios miles si ya no puedo pagar mis deudas?
Precisamente por eso existe la justicia gratuita y por eso muchos despachos fraccionan honorarios. La clave es no empeorar la insolvencia para pagar un servicio jurídico.
Si un presupuesto privado no es asumible, pregunta antes por asistencia jurídica gratuita. No necesitas contratar obligatoriamente un servicio privado para utilizar el mecanismo legal.
Segunda Oportunidad frente a seguir refinanciando
El coste del procedimiento también debe compararse con la alternativa. Pagar 3.000 € por asistencia jurídica puede parecer elevado, pero seguir refinanciando durante años puede generar muchos más intereses sin resolver la insolvencia.
Al mismo tiempo, no toda persona endeudada necesita un concurso. Si puedes devolver la deuda con una reestructuración razonable, la reunificación puede ser otra opción.
¿Quieres saber qué coste puede tener en tu caso?
El primer paso es separar deuda, ingresos, bienes y tipo de procedimiento probable.
Checklist de costes antes de firmar
- Tengo el precio total por escrito.
- Sé si incluye IVA.
- Sé si incluye procurador.
- Sé qué actuaciones están incluidas.
- Sé cuánto dura cualquier cuota mensual.
- Conozco los suplementos posibles.
- He preguntado por plan de pagos e incidencias.
- No me han cobrado una tasa judicial estatal de persona física como partida ordinaria.
- He preguntado si puedo solicitar justicia gratuita.
- No me han prometido exoneración total antes de revisar las deudas.
Antes de seguir, revisa cómo encaja en tu caso.
Una diferencia pequeña en ingresos, deudas o garantías puede cambiar la opción adecuada.
Conclusión: cuánto deberías presupuestar
Para una persona que contrata asistencia privada, una referencia prudente en 2026 es prever aproximadamente 2.500-5.500 € para muchos expedientes estándar, sabiendo que un caso muy simple puede costar menos y uno complejo puede superar claramente esa horquilla.
La cifra no es una tarifa oficial. El abogado fija libremente sus honorarios con el cliente; el procurador puede estar incluido o no; las personas físicas están exentas de tasas judiciales estatales; y la administración concursal no aparece automáticamente en todos los concursos.
Si tus recursos son insuficientes, comprueba la asistencia jurídica gratuita antes de asumir un coste privado. Y, elijas la vía que elijas, exige siempre una hoja de encargo clara: saber qué pagas es parte esencial de una Segunda Oportunidad bien planteada.
¿Quieres revisar tu caso con toda la información clara?
Ya has visto requisitos, límites y alternativas. Comprueba ahora si tu situación puede encajar.
Quiero revisar mi caso ↗Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
No existe una tarifa oficial. En el mercado privado, un expediente estándar suele presupuestarse en varios miles de euros. Como referencia orientativa, es frecuente encontrar presupuestos totales de aproximadamente 2.500 a 5.500 euros, aunque los casos simples pueden ser más baratos y los complejos superar esa cifra.
¿El abogado tiene un precio oficial?
No. El Estatuto General de la Abogacía establece que los honorarios se pactan libremente entre abogado y cliente. Por eso conviene exigir una hoja de encargo que detalle qué incluye el precio.
¿Es obligatorio pagar procurador?
El concursado actúa representado por procurador y asistido por letrado. Si el presupuesto privado no incluye procurador, debe añadirse como partida separada. Con justicia gratuita puede quedar cubierto cuando se reconoce el derecho.
¿Hay que pagar tasas judiciales?
Las personas físicas están exentas de la tasa judicial estatal regulada por la Ley 10/2012. Además, la solicitud de concurso voluntario tiene una exención objetiva en esa ley.
¿Hay administrador concursal en todos los casos?
No. En un concurso sin masa no se nombra automáticamente. Los acreedores que representen al menos el 5 % del pasivo pueden solicitar su nombramiento para emitir un informe, y en ese supuesto inicial la ley atribuye el coste de ese informe a quienes lo solicitan.
¿Se puede tramitar gratis?
Puede ser posible si se reconoce el derecho a asistencia jurídica gratuita. La Ley 1/1996 contempla, entre otras prestaciones, abogado y procurador gratuitos cuando su intervención es preceptiva.
¿Un presupuesto barato puede acabar costando más?
Sí, si no incluye procurador, IVA, incidencias, plan de pagos, oposición de acreedores u otras actuaciones. Por eso es mejor comparar el alcance del servicio y no solo la cuota mensual anunciada.
¿Libredeti cobra por tramitar la Segunda Oportunidad?
Libredeti es una plataforma de información y primera orientación. La tramitación jurídica corresponde a profesionales externos y sus honorarios dependen del encargo que se acuerde.
Fuentes oficiales y referencias de mercado
- BOE · Texto Refundido de la Ley Concursal.
- BOE · Estatuto General de la Abogacía Española.
- BOE · Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.
- BOE · Ley 10/2012 de tasas judiciales.
- BOE · Ley 16/2022 de reforma concursal.
- BOE · Concurso sin masa y nombramiento de administrador concursal.
- Referencia de mercado 2026 · Juan Serrano Abogados.
- Referencia de mercado 2026 · Plataforma Reclamación.
- Referencia de mercado 2026 · Reclamalia.
Metodología: las reglas jurídicas se apoyan en BOE. Las horquillas económicas son referencias orientativas obtenidas de precios publicados por despachos en 2026 y no constituyen una tarifa oficial ni una recomendación de honorarios.